Detenido por corrupción, José Melo recibe pensión mensual de R $ 15 gobierno estatal mil

La pensión se le otorga por ser ex gobernador.
19/04/2018 17h44 - Actualizado 21/04/2018 16h10
foto: reproducción

El ex gobernador de Amazonas, José Melo (Pros), detenido a más de cien días bajo sospecha de beneficiarse de un esquema que habría desviado más de R $ 110 millones de dólares de las arcas del gobierno y acusados ​​por la compra de votos con dinero público, recibir una pensión especial por valor de R $ 15 mil al mes. Melo considera injusta prisión.

Desde mayo del año pasado, cuando se suspendió su mandato, el gobierno del estado ha pagado R $ 169.575,56 Melo, que ingresó en prisión en diciembre 2017, la operación costo político, por la Policía Federal.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) denunciado, en febrero, Melo y otros cinco ex secretarios, acusados ​​de participar en un grupo criminal que desvía el dinero de la Salud Amazonas y utilizó el dinero para pagar gratificaciones sospechosos.

descuentos tomadas, Melo recibe estado líquido R $ 12.569,73 dependiendo de la pensión concedida a él por ser ex gobernador.

El Secretario de Estado de Administración Amazonas (sead), que gestiona la nómina del gobierno, Se informó que el pago de Melo se hace en cumplimiento con las leyes estatales y citó que el artículo 278 la Constitución del Estado Amazonas otorga al ex gobernador revocó la pensión, ya que garantiza el beneficio para todos los que se ocupan de modo “permanente” oficina.

experiencia técnica de Sead y el Fiscal General del Estado (ebrio) También fueron favorables para el pago de la pensión.

Beneficio ha entrado en discusión en el Supremo
La pensión de los ex gobernadores ha sido discutido en el Tribunal Supremo (STF), pero finalmente presentada sin resolución de mérito. en abril 2014, Ministro Gilmar Mendes considera la acción directa de inconstitucionalidad (IDA) deteriorada debido, de vez en cuando, hubo una revocación dispositivo de la Constitución del Amazonas que estaba siendo interrogado.

La IDA fue presentada por la Asociación de Abogados de Brasil (OAB), quien también cuestionó el pago en otros estados. De acuerdo con el argumento de la institución en el proceso, dicho pago no se planifica y no autorizada por la Constitución, ya que es “remuneración” que no tiene un cargo público. También argumentaron en el momento en que las pensiones se otorgan a partir de la edad y el tiempo de contribución mínima.


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